Las Reformas Borbónicas y la participación política popular en el México Colonial

 

 

Claudia Guarisco

El Colegio Mexiquense, A.C.

 

En la Historia Colonial de México, las últimas décadas del siglo XVIII se conocen como la época de las “Reformas Borbónicas”. Entonces los monarcas de la dinastía Borbón emprendieron una serie de cambios institucionales, dirigidos a fortalecer el dominio en sus colonias. Pero eso no fue todo. Esas transformaciones también se dirigieron a modernizar la monarquía, en el sentido de promover la participación política de los sectores populares bajo la premisa de la igualdad ante las leyes. En las páginas que siguen voy a demostrar esta proposición, a través del análisis de la “Junta”. Pero antes de pasar a definirla, y dar cuenta de su funcionamiento, es necesario, primero, caracterizar a los actores y el escenario en medio de los cuales cobró vida.

 

 

 

La organización social en el México Colonial era muy diferente a la actual. No existían clases configuradas a partir de la división del trabajo, si no dos estamentos. Uno lo conformaban los indios y el otro; los españoles. Los estamentos eran agrupaciones que tenían un origen político, en la medida que era la voluntad real la que definía el modo de vida de sus integrantes. Así; los indios, a diferencia de los españoles, no podían portar armas ni andar a caballo. También en lo que respecta a las obligaciones hacia los monarcas, existían leyes diferentes para indios y españoles. Por ejemplo, mientras los primeros contribuían con el pago de los Reales Tributos; que era un impuesto per cápita, los segundos lo hacían a través de las Alcabalas; que era un impuesto al comercio. Además, los estamentos tenían una estructura piramidal. Estaban divididos en diferentes segmentos, ordenados jerárquicamente de acuerdo a su riqueza y prestigio. El ápice del estamento español estaba compuesto por la nobleza. En la base; en cambio, estaba el “estado llano”. El estamento indígena, a su turno, también se hallaba dividido en dos grupos: los nobles y los indios del común o macehuales.

 

Además de los estamentos, la organización social del México Colonial se componía de castas, siendo la más importante la de los mestizos. Estos no constituían un grupo bien definido desde el punto de vista legal, como los indios y españoles, porque eran el producto no deseado de la unión de ambos grupos. Desde el siglo XVI, fueron vistos con recelo por los monarcas, debido no solamente a la ilegitimidad de su origen, sino también a la creencia de cuño medieval según la cual la mezcla de sangre amenazaba el orden social.

 

La mayor parte de los indios vivían alejados de los grandes centros urbanos, asentados en parroquias o curatos particulares a su estamento, los cuales se componían de cierto número de pueblos. Estos constaban, a su turno, de un centro demográficamente importante llamado “cabecera”, y de unidades de menor relevancia o “sujetos”. Simultáneamente, uno de los pueblos constituía la “cabecera parroquial”, en la que residía el párroco y se erigía la iglesia. Todos los pueblos de indios, asimismo, estaban rodeados de tierras otorgadas por los monarcas, las cuales servían para que sus integrantes se alimentaran y pagaran los Reales Tributos.

 

Cada pueblo se hallaba organizado en torno a las entonces llamadas “repúblicas de indios”. Estas eran las unidades mínimas de la administración real; una especie de equivalente a los municipios de la actualidad, aunque privativos desde el punto de vista de la composición social. A través de ellas los monarcas ejercían su control sobre la población indígena y, al mismo tiempo, daban cabida a sus demandas. Entre las obligaciones de los funcionarios de las repúblicas estaba la de administrar justicia en pleitos de menor cuantía, coordinar los trabajos de construcción y reparación de puentes, caminos y edificios, así como encargarse de las finanzas de los pueblos y recaudar los Reales Tributos. Al mismo tiempo, esos funcionarios representaban a los indios en la solicitud de privilegios o “pedimentos”, sustentados en largos memoriales que trataban, por ejemplo, de exenciones en torno a las contribuciones.

 

La república de indios constaba de un cuadro de funcionarios de carácter electivo, el cual se componía de un gobernador, varios alcaldes así como de un síndico procurador y un escribano. Cada alcalde representaba ya fuera a los indios de una cabecera o a de un sujeto, mientras que el cargo de gobernador se rotaba anualmente entre los miembros de cada una de esas unidades. Cabe señalar que las repúblicas no eran instancias gubernamentales de carácter autónomo, si no que sus integrantes eran vigilados por un funcionario real de mayor jerarquía que alcaldes y gobernadores, denominado “subdelegado”. La jurisdicción de los subdelegados se extendía sobre el “partido”, que era la reunión de cierto número de parroquias. Simultáneamente, los pueblos de indios constituían el órgano más pequeño de la administración de la Iglesia. Los cuadros, en este caso, estaban compuestos por fiscales de iglesia y mayordomos, quienes debían ocuparse de que la población se apegara a lo dispuesto por la Madre Iglesia. La autoridad inmediatamente superior a ellos eran los curas párrocos, cuya jurisdicción se extendía sobre la parroquia o curato.

 

Inspirados por la “Teoría del Mal Ejemplo”, los reyes impusieron en el siglo XVI la separación residencial de indios respecto a los demás componentes sociales. Pensaban que de ese modo se mantendrían lejos de la influencia nociva de mercaderes, mercachifles y vagos de origen español y mestizo que solían llegar a los pueblos. Sin embargo, pese a los esfuerzo puestos por la Corona en este sentido, muy pronto aquellos se fueron enquistando en las cabeceras de las parroquias indígenas. Durante las últimas décadas del siglo XVIII no solamente esa era la situación generalizada en el virreinato de la Nueva España, si no que los monarcas Borbones empezaron a pensar en indios, mestizos y españoles del estado llano en términos de un grupo amplio e indiferenciado; como una especie de “sector popular” que debía participar activamente en los asuntos de gobierno. Además, dispusieron que el medio a través del cual esa participación se llevara a cabo fuera la Junta.

 

La Junta era una institución dirigida a comprometer a indios, mestizos y españoles del estado llano de las parroquias en la función pública. Se trataba de una asamblea conformada por los padres de familia, independientemente de su adscripción estamental o de casta. En ella se discutían los problemas que enfrentaban, fueran estos de índole económica, religiosa o incluso bélica. También se planificaba la acción conjunta que conduciría a su resolución. Se trataba de una forma de organización local muy moderna, en el sentido de que rompía con el aislamiento que había caracterizado la participación política de los indios en torno a las repúblicas, y los integraba con sus vecinos no indígenas en un solo cuerpo político. En lo que sigue se analizarán tres tipos de Junta, que tuvieron lugar entre 1770 y 1821: la Junta de Fábrica, la Junta de Comerciantes y la Junta de Guerra o Patriótica, tal y como se dieron en los pueblos y parroquias indígenas del Valle de México que rodeaban la capital de virreinato, y que conformaban los entonces partidos de Coyoacan, Xochimilco, Chalco, Coatepec, Tacuba, Ecatepec, Texcoco, Teotihuacan, Otumba, Cuautitlan, Citlaltepec y Mexicalzingo.

 

 

 

La religión constituyó en la Nueva España un conjunto de creencias y ritos en torno a la divinidad, que fue compartido por los estamentos y castas. Su función primordial era la de mantener el orden social. La creencia en la Divina Providencia justificaba, entre otras cosas, la inevitabilidad del lugar que cada cual ocupaba en la sociedad. Asimismo, los valores que ubicaban la importancia del bien común por encima de la del bien individual y las creencias que señalaban el origen divino del poder real sancionaban la cooperación entre españoles, indios y mestizos, así como la obediencia al monarca. En el Valle de México esa unidad en materia religiosa hizo posible el arraigo de la Junta de Fábrica. Esta se erigió en las cabeceras de las parroquias indígenas; es decir, en el lugar de residencia de los miembros de esos tres grupos.

 

Hasta bien entrado el siglo XVIII, la reparación y construcción de las iglesias de los pueblos cabeceras habían sido financiadas con el dinero proveniente de los Reales Tributos y con la mano de obra indígena. En 1798 la Corona modificó sustancialmente ese procedimiento, disponiendo que los gastos fueran cubiertos no solamente por la Real Hacienda sino que, además, se repartieran entre los indios, mestizos y españoles del estado llano. La participación de los primeros en las Juntas de Fábrica se realizó de manera individual, mientras que los indios se hicieron presentes a través de sus gobernadores y alcaldes. Una de las funciones más relevantes que tenían los oficiales de república hacia fines del siglo XVIII era la de acudir a tales Juntas para tomar decisiones a propósito culto, al lado de los españoles y mestizos que vivían en las cabeceras de sus curatos. En el pueblo de San Miguel Temascalzingo (Chalco), por ejemplo, el subdelegado mandó comparecer a todos los residentes de la cabecera para tratar en una Junta los medios más apropiados de reparar una capilla. Los asistentes convinieron en que uno de los comerciantes españoles facilitara los mil pesos que se requerían, a cambio de que durante los tres años siguientes se le fueran restituyendo con un pequeño interés. Asimismo se dispuso que la devolución del dinero se llevara a cabo a partir de los arbitrios que se cobraban a los comerciantes por sus tiendas y mesones. El subdelegado del partido comunicó estas medidas a sus superiores quienes, antes de otorgar su permiso, mandaron hacer las averiguaciones correspondientes. Uno de los residentes españoles fue encomendado para que, bajo juramento, valorizara el costo de la reparación de la capilla. También testificó un gobernador de indios. Ambos coincidieron en la necesidad de reparar el edificio y sus testimonios fueron enviados a los funcionarios reales respectivos.

 

Obtenido el visto bueno, y en nueva Junta, indios, españoles y mestizos nombraron de común acuerdo como mayordomo a uno de los comerciantes españoles, con el objeto de que administrase el dinero de la obra. El mayordomo también debía responsabilizarse de la recaudación de los arbitrios de las tiendas y mesones para saldar, paulatinamente, el préstamo de los mil pesos.

 

Similarmente, el gobernador del pueblo de San Pedro Tlahuac, en Chalco, promovió la reparación de la iglesia parroquial en 1790. Siguiendo los mismos procedimientos que en el caso anterior, españoles, mestizos e indios se congregaron en la casa cural para repartirse las contribuciones. El siguiente cuadro muestra lo que aportó cada grupo.

 

 

Componente del pueblo	Contribuyentes y contribuciones
	Españoles del estado llano y mestizos	Indios
Tlahuac (cabecera)	2 individuos: 6 pesos cada uno por una sola vez.	260 indios: 4 peones diarios y 1 real al mes.
San Francisco Tlaltenco (sujeto)	23 individuos: entre 2 y 4 pesos por una sola vez.	120 indios: 50 pesos.
Santiago Zapotitlan (sujeto)	6 individuos: en promedio cada uno 2 brazadas de tezontle.	83 indios: 1 canoa de tezontle, ripio y 3 peones por semana mientras dure la obra.
Santa Catarina (sujeto)	18 individuos: entre 2 y 4 pesos y 12 cargas de cal por una sola vez.	Indios principales, D. Fernando Pascual, Don Mateo Pacheco y Don Bacilio: 3 pesos cada uno. Los demás indios del común: 3 peones semanales mientras durase la obra.
San Martín Xico (sujeto)		48 indios: 1 peón diario.

 

 

 

Asimismo, en 1802 los gobernadores de la cabecera parroquial de Tlanepantla (Tacuba), promovieron la reparación de su iglesia, para lo cual decidieron que los indios contribuyeran con su trabajo y los españoles y mestizos con dinero y materiales.

 

 

 

En todas las épocas y sociedades el intercambio de bienes ha constituido una fuerza vinculante entre los hombres. En el Valle de México el comercio no sólo propició la integración de los indios con los españoles del estado llano y los mestizos, haciendo posible su participación en torno a la Junta de Comerciantes. Además, la magnitud de la presencia de los primeros en el comercio determinó que, luego de la abolición de los Reales Tributos en 1810, fuera posible homogeneizarlos fiscalmente con españoles y mestizos. Esa igualación en materia tributaria significó otro gran paso hacia la modernidad política en el México Colonial.

 

Si bien es cierto que los indios del Valle lograban sostenerse con el trabajo realizado en tierras que les proporcionaban los gobernantes, estuvieron lejos de vivir en la autarquía. Una parte de la cosecha (grano, hortalizas y fruta) la dedicaban al autoconsumo y la otra a la venta al menudeo, junto con algunos pollos, gallinas, cerdos, pavos y pescados. Además, complementaban sus ingresos con la comercialización de pulque, artesanías (cestos, cerámica y tejidos), salitre, sal, leña, sacate y piedra, entre otras cosas.

 

Los indios de los diferentes pueblos de San Cristóbal Ecatepec, San Juan Teotihuacan y Otumba lograron cierta especialización en la producción, conducción y venta de pulque y tequesquite o salitre. Los suelos de esas jurisdicciones, carentes de agua, producían apenas grano y eran en general poco fértiles. Los indios de Texcoco comercializaban sal, leña, carbón, tejidos de lana y algodón, así como madera. Además vendían su fuerza de trabajo, eventualmente, en las haciendas cercanas. En Coatepec muchos indios ofertaban su fuerza de trabajo como albañiles y carpinteros, mientras que los de Chalco y Xochimilco, introducían sus productos a la Corte en canoas que se desplazaban por la ruta lacustre del sur. Los de Xochimilco traían sobre todo manufacturas en madera, frutas y verduras de sus chinampas o provenientes de Tierra Caliente, mientras que los de Chalco transportaban básicamente granos. Los de Ixtacalco; al sur de la Ciudad de México, y los de Mexicalzingo, al igual que los de Xochimilco, se caracterizaron también por su continua participación en el comercio, vendiendo lo producido en sus chinampas, además de sal, salitre, cestos, cerámica y pescado. Los de Coyoacan y Tacubaya, por otro lado, eran reconocidos como albañiles y carpinteros, mientras que los indios de Tacuba vendían vasijas de barro, carbón y piedra. Particularmente los de Toltitlan, trabajaban un tejido que entonces se conocía como “jerguetilla” y lo vendían en la ciudad de México. Se trataba de un tejido burdo, que era adquirido por los pobres. Los indios de Tacuba no solamente vendían jerga, piedra, carbón y vasijas de barro, sino también pulque y tequesquite, además de maíz, frejol, cebada, trigo, alberjón, habas, aceite y fruta que sus ricos suelos, abundantemente regados, solían producir. Finalmente, la población indígena del partido de Cuautitlan se especializaba en la producción y venta de un tipo especial de cerámica.

 

Los indios del Valle no solamente introducían sus productos a la Ciudad de México, utilizando los caminos que la unían con los pueblos cabecera y la ruta lacustre del sur. Además participaban en el comercio que se llevaba a cabo en los tianguis que tenían lugar semanalmente en las cabeceras parroquiales. El tianguis de Cuautitlan era muy frecuentado por viajeros que iban de la Ciudad de México a la región minera del norte. El de Chalco era muy grande y concurrido, comercializándose en él sobre todo semillas. Por su parte Chicoloapan (Coatepec) se convirtió en el siglo XVIII en un pueblo comercial importante, en el que cada miércoles se reunía una gran cantidad de gente para intercambiar ropa, granos, frutas, animales y otros muchos artículos. La multiplicidad de mercados en todo el Valle, además, promovió la movilización de los indios a lo largo de sus diferentes partidos. Así, por ejemplo, los de Zumpango y pueblos adyacentes, comercializaban chile, tomate, frejol y sal, y para que no se desaprovechara lo que no llegaba a venderse, se trasladaban a las plazas y mercados de otros pueblos, proveyendo a la gente pobre de víveres baratos.

 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII la importancia de la participación indígena en el comercio no fue desapercibida por los gobernantes. Estos abrigaron entonces la idea de terminar con la exención de la paga de Alcabala con la que siempre habían contado. Hacia 1792 el volumen promedio de bienes que comercializaron los indios en la Ciudad de México ascendió a treinta mil pesos y el Erario perdió, en Alcabala, alrededor de dos mil pesos. Ese año los indios del Valle introdujeron a la Ciudad de México por las garitas de Burras, Mellado, Valenciana y Santa Rosa (cerca a las de San Lázaro y Peralvillo) sobre todo fruta, menestras, maíz y paja, unos pocos productos lácteos, cerdos, jerga, manta y sombreros. Cada indio transportaba, por ejemplo, dos arrobas de chile, o seis cargas de durazno, o tres fanegas de frejol, o cuarenta varas de jerga o siete sombreros, o cuatro cargas de aguacate o un cerdo mediano. El valor de estas mercancías era de alrededor de seis pesos y el de la Alcabala que se dejaba de cobrar ascendía a cuatro reales.

 

La necesidad de cubrir los sueldos de la tropa en el contexto de la ofensiva insurgente impulsó al Virrey Venegas a imponer en 1812 una contribución sobre los bienes de consumo básico comercializados. Considerando que éstos se hallaban muy poco gravados, estableció un impuesto fijo llamado “Contribución Extraordinaria de Guerra Temporal o Subsidio de Guerra”, el cual debía comprender a todos los habitantes de Nueva España sin importar su adscripción estamental o de casta. El siguiente cuadro muestra los productos cargados y el monto de los cargos:

 

 

Producto	Cantidad	Impuesto (Reales)
Maíz	Carga de 2 fanegas	3
Harina sin florear	Ibidem	6
Cebada	Ibidem	2
Garbanzo	Ibidem	6
Lenteja	Ibidem	4
Frijol	Ibidem	2
Chile	Carga de 14 arrobas	14
Arroz blanco	Carga de 12 arrobas	6
Arroz morisqueta	Ibidem	3
Haba seca	Ibidem	2
Chícharo seco	Ibidem	2
Sal	Ibidem	2
Bueyes viejos, novillos, vacas, toros de abasto	Cabeza	4
Carneros de abasto	Cabeza	2
Chivos, cabras, ovejas viejas para matanza de cebo	Cabeza	_
Cecina seca	Carga de 1 arroba	2
Cebo	Ibidem	3
Puerco para jamón o abasto	Cabeza	3
Queso añejo	Carga de 12 arrobas	6
Azúcar	Ibidem	1
Piloncillo blanco	Ibidem	3
Panocha blanca	Ibidem	3
Piloncillo de hoja	Carga	1 _
Panocha prieta	Carga	1 _
Lana	Arroba	1
Algodón despepitado	Carga de 12 arrobas	12
Algodón con pepita	Ibidem	6
Mulada de partidas	Cabeza	4
Potros cerreros, quebrantados y caballos de partida	Cabeza	2
Aguardiente de España	Barril	12
Aguardiente de caña	Ibidem	8
Vino de España	Ibidem	8
Aguardiente y vino de uva de la tierra	Ibidem	8
Vino mezcal	Barril quintaleño o de cuero	4 (pesos)
Cerveza, licores y vinos en botellas	Docena	8
Cobre	Quintal	1 (peso)
Plomo	Carga de 12 arrobas	2
Greta	Ibidem	2
Magistral	Ibidem	1
Jabón	Arroba	1
Cera	Arroba	4
Aceite de Oliva de España y de la tierra	Ibidem	4
Cacao de Guayaquil	Ibidem	4
Cacao de Caracas	Ibidem	2
Cacao de Maracaybo	Ibidem	2
Cacao de Tabasco	Ibidem	2
Cacao de Soconusco	Ibidem	4
Cal	Carga de 12 arrobas	2
Madera de todas clases		(12%)
Tequesquite	Fanega	1
Paja de todas clases	Carga de mula y media de burro	1, _
Fierro y acero introducido en Reales de Minas	Quintal	3, 4 (pesos)
Papel	Resma	2
Café	Arroba	2 (pesos)
Té o Cha	Ibidem	3 (pesos)

 

 

El cobro estaba a cargo directamente de guardas de las dependencias de Real Hacienda que existían en los partidos del Valle, con lo cual su efectividad quedó asegurada aunque, al mismo tiempo, propició fricciones. Aquel se realizaba tanto en las garitas como en los tianguis erigidos semanalmente en las cabeceras parroquiales.

 

En toda la Nueva España, se recaudaron bajo el rubro de Contribución Temporal de Guerra las siguientes sumas, que incrementaron en cerca de una tercera parte lo reunido durante ese mismo período bajo el antiguo ramo de Alcabala:

 

Año	Contribución de Guerra (Pesos)	Antiguo Ramo de Alcabala (Pesos)
1812	248,157	2,453,721
1813	1,028,422	3,254,200
1814	1,484,110	3,052,339
1815	1,384,270	3,008,544
1816	1,572,161	3,414,395
1817	449,064	5,811,440
Totales	6,166,186	20,994,539

 

 

En 1816, la Contribución de Guerra cambió de nombre. Desde entonces se denominó “Alcabala Eventual de Guerra”. Los efectos comercializados sobre todo por los indios, quedaron sujetos al pago de aquella, así como al de la Alcabala Permanente, ascendiendo cada una a un 6%. La nueva tarifa especificaba una serie de manufacturas indígenas y productos recogidos de los campos, bosques y montañas que no habían sido observados en 1812, como por ejemplo bateas, cal, canastos, costales de Tlayacapa, escobas, cucharas de madera, ladrillos, mantas, petates, cáscara de encino, nueces, paja, palma, piedras y tequesquite, entre otros. Durante los años siguientes los guardas exigieron a los indios la Alcabala Permanente y Eventual no solamente en las garitas de la Aduana de México, sino también en los mercados y tianguis celebrados en los pueblos. Así, por ejemplo, en las plazas del pueblo de Papalotla, en Texcoco se recaudó de los indios en el mes de mayo de 1817 treinta y un pesos y siete reales por sesenta y ocho cerdos de sábana, cuatro pesos y siete reales por seis y media cargas de queso, cuatro pesos por diez arrobas de chile y un peso un real y siete granos por tres cargas de sal. En abril de ese mismo año, los indios de San Juan Teotihuacan contribuyeron con catorce pesos por treinta cerdos de sábana y tres pesos y dos reales por dos cargas de sal.

 

Muchos indios llegaban a la ciudad de México como conductores de mercancías pertenecientes a terceras personas o a sus pueblos, pero otros tantos lo hacían, por ejemplo con una res, dos carneros, un cerdo o dos, o una carga de cebada de su propiedad. En 1823, por ejemplo, Jacinto Palomo registró cuatro cargas de tequesquite en la garita de Peralvillo, por lo que pagó dos reales. En la garita de Belem Agustín Esteban y José Tomás pagaron cuatro reales cada uno por seis docenas de chorizo que, respectivamente, introdujeron a la Ciudad de México para su venta. Francisco Antonio, por su parte, pagó un peso por tres cargas y media de maíz. En la garita de San Lázaro, Polinario pagó cuatro reales por una arroba y media de lana y en la de la Candelaria, Hipólito José dio seis reales por dos docenas de canastillos y una gruesa de naranjas.

 

La integración entre indios, españoles del estado llano y mestizos motivada por el comercio, sin embargo, solamente tuvo un impacto en las cabeceras parroquiales. Era en esos pueblos donde semanalmente se llevaban a cabo los tianguis, acudiendo miembros de las tres agrupaciones dedicados a la venta de bienes de consumo básico. Fueron ellos quienes se unieron en torno a las Juntas de Comerciantes con el objeto de defenderse de lo que consideraban excesos en el cobro de los derechos que los subdelegados les cobraban por el establecimiento de sus puestos de venta. Así, por ejemplo, en 1786, los españoles, mestizos e indios que vendían frutas y vituallas en el tianguis de Chalco presentaron un escrito al Virrey Gálvez, sobre la ilegitimidad de las exacciones que se les exigía por sus ventas.

 

Las Juntas de Comerciantes no fueron privativas del Valle de México. En San Francisco Ixtlahuaca; pueblo y cabecera parroquial del partido de Tianguistengo, en el actual Estado de México, era cosa común su celebración hacia 1795. Acudían a ellas los pocos españoles y la mayoría de mestizos e indios que, en conjunto, componían las ciento y más familias que residían en ese lugar. Aquel año, incluso, se decidió elegir como síndico procurador a un español, dueño de una pulpería. A través de su elección, se buscaba hacer más eficiente la defensa de sus intereses como comerciantes frente al subdelegado. Éste, desde hacía algún tiempo, venía gravándolos en exceso por sus ventas.

 

Al igual que en las Juntas de Fábrica, los indios participaron en las Juntas de Comerciantes a través de sus gobernadores y alcaldes. Los españoles del estado llano y mestizos, en cambio, lo hicieron individualmente. La diferencia entre las Juntas de Fábrica y las Juntas de Comerciantes radicaba en que las últimas poseían un carácter defensivo, ya que se erigían con el objeto de salvaguardar los intereses de un sector de la población ante los subdelegados y, además, eran exclusivas desde el punto de vista de la actividad económica desempeñada por sus miembros. En las Juntas de Fábrica, en cambio, tanto indios como españoles y mestizos compartían la misma preocupación por reparar o construir el templo, independientemente de las actividades que realizaban para ganarse la vida. En estas asambleas no había que conciliar intereses antagónicos entre población y subdelegados. Éstos actuaban simplemente como promotores. De ahí, también, que no fuera necesario elegir representantes con funciones especiales, como los síndicos, para hacer valer los intereses de sus participantes.

 

 

Dado que el ejército regular resultaba insuficiente para contener a los insurgentes liderados por el Padre Hidalgo, el Virrey Venegas ordenó en 1811 que los españoles del estado llano y los mestizos se incorporaran a las milicias. Sin embargo, esa disposición debió flexibilizarse para dar cabida a los indios, quienes tradicionalmente habían estado exceptuados de todo servicio militar. A través de esta medida, no solamente se dio un nuevo avance hacia la modernidad política si no que, simultáneamente, la Junta asumió una nueva fisonomía.

 

En el Valle de México, las Juntas Patrióticas constituyeron organizaciones dirigidas, sobre todo, a fijar las contribuciones necesarias para el establecimiento y funcionamiento de unas milicias cuya formación los Borbones habían estado impulsando, sin mucho éxito, desde mediados del siglo XVIII, junto con la de un ejército regular. La particularidad de las Juntas Patrióticas radicó en que la participación no se ciñó a los habitantes de las cabeceras parroquiales sino que incorporó a los indios de los pueblos sujetos. Además, los subdelegados no se limitaron a promover el establecimiento de tales asambleas si no que, como máximas autoridades milicianas de los partidos, intervinieron directamente en los procesos de toma de decisiones.

 

En la Junta Patriótica se discutía acerca del contingente humano y el dinero que, bajo el rubro de Contribución Directa, cada pueblo podía dar a la guerra. El subdelegado preparaba planes en torno a estos puntos, que la Junta tenía el deber de aceptar, corregir o desaprobar. Así, por ejemplo, en Texcoco, hacia 1815, se hizo un plan de contribuyentes que fue aprobado por la asamblea, mas no el gasto. Días más tarde, ésta dio su visto bueno, no sin antes reducir el número de milicianos que compondrían la compañía de infantería. A la primera reunión acudieron los comerciantes de la cabecera, el subdelegado y el cura de la parroquia. En la segunda, los comerciantes estuvieron representados por un síndico procurador. En nueva Junta, el subdelegado dialogó, a su vez, con los gobernadores de indios.

 

La unidad fiscal en materia de guerra, como había sucedido con los Reales Tributos, era el indio padre de familia, aunque la cuota variaba según las posibilidades económicas de cada cual. Así, por ejemplo, en San Agustín de las Cuevas (Coyoacan), hasta 1818 se reunían mensualmente quinientos pesos destinados al mantenimiento de las tropas que debían servir para la guarnición de ese territorio, a cuyo mando se hallaba un español de la Villa, con el grado de comandante. Los españoles y mestizos, así como los indios colaboraban según sus posibilidades. Ese año, se formó una Junta para reajustar, por órdenes superiores, la cuota. En conjunto, los indios de los pueblos de San Pedro Apóstol, Santísima y Santa Ursula, Calvario, Niño Jesús y Chimalteyoc, San Lorenzo Huipulco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel, San Andrés, La Magdalena y San Pedro Mártir aportaron el doce por ciento de aquella.

 

En 1819 las contribuciones de guerra en dinero seguían vigentes. La Contribución Directa siguió cobrándose durante los años siguientes aunque sirvió para sufragar gastos muy diferentes a los que la insurgencia había motivado. En las cuentas de los Fondos Públicos del ayuntamiento constitucional erigido sobre la parroquia de San Juan Bautista Citlaltepec, correspondientes a 1824 y 1825, el procurador síndico recaudó seis pesos por tal concepto. Ese último año, la suma a la que ascendió el impuesto en el Estado de México fue de 40,125 pesos.

 

Para llevar las cuentas, los miembros de la Junta Patriótica nombraban a un tesorero, que podía ser un capitán miliciano o simplemente un vecino español o mestizo. Los gobernadores y alcaldes de indios cobraban la contribución entre los miembros de su grupo y rendían cuentas ante la asamblea. Mientras tanto, las cuotas de los españoles y mestizos eran recogidas por un sargento cobrador.

 

Por otro lado, en la Junta Patriótica gobernadores y alcaldes, junto con los párrocos, informaban de los avances y retiradas de los insurgentes. En ellas también se formulaban estrategias defensivas como, por ejemplo, la de que el cura tocara la campana en señal de peligro y la población acudiera a la cabecera armada de lanzas, palos y piedras. Asimismo, se decidía poner vigías en ciertos puntos y costear sargentos veteranos para que instruyera a los milicianos.

 

En suma, la religión y el comercio fueron fuerzas sociales que propiciaron la integración de estamentos y castas en el Valle de México. El compartir el mismo horizonte religioso y una misma actividad económica llevó a indios, mestizos y españoles del estado llano a cooperar en organizaciones comunes como la Junta de Fábrica y la Junta de Comerciantes. La necesidad de contar con un escenario donde llevar a cabo los rituales y la de realizar transacciones comerciales en un ambiente desprovisto de tensiones fueron, respectivamente, los objetivos principales de esas organizaciones. En ambos casos, la presencia indígena estuvo mediatizada por la república. En cambio, los no indios participaron de manera individual. Tales prácticas fueron promovidas por unos reyes atentos a la dinamicidad que la sociedad mostraba y que se hallaban profundamente seducidos por los destellos de la modernidad política forjada por los ideólogos de la Ilustración. Y sin embargo, el impacto de las leyes que emitieron fue diferencial. En los pueblos que no eran cabeceras parroquiales, carecieron de importancia alguna hasta el advenimiento de la lucha contra-insurgente. La guerra significó para los indios, mestizos y españoles del Valle de México una amenaza contra un orden social considerado legítimo. En consecuencia, su defensa constituyó una nueva fuerza vinculante que trascendió en importancia al comercio y la religión, llevándolos a participar en un tipo de Junta mucho más incluyente; erigida sobre la parroquia entera.

 

La experiencia desplegada por los indios del Valle de México en torno a la Junta; experiencia construida sobre el principio de la “unidad en la diversidad”, tuvo implicaciones importantes a lo largo del siglo XIX. Como he demostrado en otro lugar[2], aquella fue determinante para su muy sui generis conversión en ciudadanos de la nación española entre 1812-14 y 1820-21 y, posteriormente, en la de ciudadanos de la nación mexicana. Así, por ejemplo, los principios de igualdad legal e individualidad sobre los cuales se asienta esa moderna institución, debieron retroceder ante la demanda indígena de mediatizar su participación política. Del mismo modo que lo habían hecho en la Junta, los indios del Valle de México se hicieron presentes en el Ayuntamiento Constitucional a partir de una república resuelta a no dejarse morir.

 

 

    

CERRUTI, Mario (coord.), De los Borbones a la Revolución : Ocho Estudios Regionales, México, COMECSO, 1986

 

COMMONS DE LA ROSA, Aurea, Las Intendencias de la Nueva España, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993

 

GUIMERá, Agustín (Ed., El Reformismo Borbónico: Una Visión Interdisciplinar, Madrid, Alianza: Consejo Superior de Investigaciónes Científicas, 1996

 

LYNCH, John. Bourbon Spain, 1700-1808, Cambridge, Mass., Basil Blackwell, 1989

 

MESTRE, Antonio, Despotismo e Ilustración en España, México, Ariel, 1976

 

PIETSCHMANN, Horst, Las Reformas Borbónicas y el Sistema de Intendencias en Nueva España: Un Estudio Político Administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996

 

PIETSCHMANN, Horst, "Revolución y Contrarevolución en el México de las Reformas Borbónicas. Ideas Protoliberales y Liberales entre los Burócratas Ilustrados Novohispanos (1780 1794)", en L'Amérique Latine Face à la Révolucion Française. L'Epoque Révolutionnaire: Adhésions et Rejets, Toulouse, Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso Brésilien, 1990

 

RODRíGUEZ GARZA, Francisco Javier y Lucino Gutiérrez Herrera (coords.), Ilustración Española, Reformas Borbónicas y Liberalismo temprano en México, México, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1992

 

RUIZ ABREU, Carlos Enrique, Tabasco en la Época de los Borbones: Comercio y Mercados, 1777-1811, Villahermosa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2001

 

 

 

 

[1] Extractado de: “El Reformismo Borbónico y la Participación Política de Indios y Estado Llano en el Valle de México”. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 40, 2003, Hamburgo, pp. 97-121.[]

2 Ver: Los indios del Valle de México y la Construcción de una Nueva Sociabilidad Política, 1770-1835. México, El Colegio Mexiquense, 2003.