Informe de la Mesa Directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas sobre el proceso de Ley General de Archivos
14 de diciembre de 2016
Desde que se integró la actual mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, una de sus preocupaciones fue el proceso de creación de la Ley General de Archivos. Al finalizar 2015, recibió copia del anteproyecto de ley elaborado por el Archivo General de la Nación, al que hicimos varios comentarios con el apoyo de colegas y asociaciones civiles.
En la reunión del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación (en febrero de este año) el presidente y el secretario del Comité hicieron mención de lo anterior y refirieron la preocupación de varios colegas sobre el tema. La directora del Archivo, por su parte, informó que el anteproyecto ya había sido entregado al Senado, de modo que la instancia con la que se debía tratar era el Poder Legislativo.
Por ello, el presidente del Comité buscó la posibilidad de entrevista con el senador Alejandro Encinas, entonces presidente de la segunda Comisión de Puntos Legislativos, y la senadora Laura Rojas. Tras reuniones en el Senado y en el Centro de Estudios de Historia de México CARSO, se expuso el interés de la comunidad de historiadores para participar en los foros que se realizaran en torno a tan importante asunto. De igual manera, la Mesa Directiva invitó en distitas sesiones a colegas y a las autoridades del AGN para dialogar en torno a los problemas que enfrentamos en materia de archivos y el desarrollo de la propuesta de ley.
El Comité organizó una jornada titulada “Los historiadores frente a los archivos”, a la que fueron invitados varios colegas y la directora del AGN, quien aceptó participar aunque después, por motivos de agenda, canceló. El encuentro se realizó el 24 de noviembre de 2016, en el CEHM CARSO, el día anterior a la asamblea general de instituciones. La reunión permitió conocer cuáles son las experiencias y las expectativas de los historiadores frente a los archivos y la ley que se propone normarlos (cuya iniciativa fue presentada en el Senado el 17 de noviembre).
En la asamblea celebrada el 25 de noviembre se acordó que el Comité promoviera una serie de puntos, que se señalan al final de este informe, ante los senadores. En consecuencia, el presidente y el secretario del Comité solicitaron participar en la Audiencia Pública organizada por el Senado de la República, que se celebró el 28 de noviembre.
Los puntos que los historiadores expusieron se pueden resumir en los siguientes:
• Se reconoce la importancia del señalamiento, en el artículo 36, de que “los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general” y por tanto “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”, pero se insiste en que los archivos deben ser designados de forma explícita como “fuente de acceso público”, para emplear los términos de la Ley General de Transparencia y el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados de Ley General de Protección de Datos Personales.
• Consideramos necesario que se establezcan plazos temporales obligatorios (de preferencia, 25 años) para la transferencia de los documentos con valor histórico de los archivos de concentración a los archivos históricos, y por tanto a la protección de datos personales.
• Reiteramos que la participación de los historiadores es indispensable en la valoración de los documentos en los archivos administrativos prevista en el título tercero.
• No estamos de acuerdo con el artículo 14 transitorio que prevé que sean valorados en los siguientes dos años, lo que podría suponer su regreso a un archivo de concentración, su destrucción o su sustracción por causas políticas.
• Nos oponemos a que el Sistema Nacional de Archivos, encabezado por el Archivo General de la Nación, quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación (artículo 98) y que la dirección del Archivo sea designada por el presidente de la república (artículo 105).
Cabe señalar que colegas de diversas instituciones participaron activamente, a través del Desplegado publicado en El Universal y en La Jornada Maya, así como en los medios públicos de comunicación para expresar nuestras opiniones. Varias instituciones hicieron pronunciamientos sobre la iniciativa, incluidos la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados, El Colegio de México, el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, y el Colegio de Personal Académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma Universidad. Desde la presentación de la iniciativa de Ley, la página web del Comité ha procurado dar seguimiento y difusión a cada uno de estos pronunciamientos y artículos de opinión.
Asociaciones civiles, como Artículo 19 y la Red por la Rendición de Cuentas han participado muy de cerca con integrantes de la Mesa Directiva del Comité, así como con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de El Colegio de México para hacer sugerencias a los senadores que presentaron la iniciativa, para mejorarla.
El resultado, hasta ahora, es que LA LEY NO SE PRESENTARÁ AL PLENO DEL SENADO EN ESTE PERIODO DE SESIONES, lo que nos dará más tiempo para continuar con el trabajo, la reflexión y las propuestas. El objetivo es que haya una ley que permita la transparencia y el acceso irrestricto a los archivos. El objetivo es seguir contribuyendo a la construcción de una memoria histórica plural. Por eso, necesitamos seguir haciendo presencia en las semanas siguientes.
En la Mesa Directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas estamos convencidos de que esta es una oportunidad para que las autoridades y la sociedad misma conozcan la importancia de nuestro trabajo, y para toda la comunidad que realiza labores de docencia e investigación en Historia, para hacer un compromiso con esa misma sociedad a la que nos debemos.
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